Serán los servicios sociales de los ayuntamientos los que valoren la idoneidad de las familias beneficiarias
La Fundación La Caja de Canarias ha hecho entrega, por quinto año consecutivo, de 100.000 euros, a los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) con los que podrán adquirir material escolar del que se beneficiarán más de 1.500 escolares.
El acto ha sido presidido por el presidente de la Fundación, Blas Trujillo que ha estado acompañado por concejales de Asuntos Sociales de algunos de los municipios beneficiarios, quienes se han mostrado agradecidos por esta ayuda, tales fueron las palabras de la concejal de Gáldar, Ana Teresa Mendoza; la de Ingenio, Elena Suárez; el de Valsequillo, Víctor Navarro, quien aseguró que “estas ayudas, para municipios pequeños supone todo un regalo”. Así como el de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, agradeciendo esta acción directa de lucha contra las desigualdades sociales.
El presidente de la Fundación aseguró que “con este apoyo pretendemos facilitar a las familias con dificultadas económicas. Se distribuirá entre los 34 ayuntamientos de la provincia, teniendo en cuenta el número de desempleados y de población infantil de cada municipio y serán los servicios sociales de estos ayuntamientos los que valoren la idoneidad de las familias beneficiarias”.
Asimismo, aseguró que “este año se ha incrementado el dinero máximo concedido a 70 euros, frente a los 50 de otras ediciones, por estudiante que se pagará directamente a los beneficiarios, previo informe de los servicios sociales”.
La institución es consciente de la situación de crisis por la que atraviesan numerosas familias y pretende con esta acción ayudar a los menores a incorporarse al curso escolar con el material necesario para su formación.
Los beneficiarios deberán ser unidades familiares con menores a su cargo que cursen ciclos de infantil, primaria o secundaria y que carezcan de recursos económicos suficientes.
Para la baremación de la situación económica, los servicios sociales de los diferentes ayuntamientos utilizarán el criterio de las administraciones públicas (IPREM) que tiene en cuenta los ingresos familiares y el número de miembros, entre otros aspectos. Se trata de ayudar en la vuelta a la actividad escolar de los niños canarios de familias con mayores dificultades económicas.
